Blinda la Profepa sus procedimientos administrativos

•Abogados e inspectores, capacitados y actualizados

Con el fin de blindar todos los procedimientos administrativos que, a diario y a lo largo y ancho del país, inicia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por violaciones a la normatividad ambiental, más de mil 100 inspectores y abogados que trabajan en la institución recibieron una actualización en sus conocimientos.

"La mejor manera de hacer bien las cosas, es hacerlas bien desde su origen", comentó el Procurador Patricio Patrón Laviada, en la primera de las ocho reuniones regionales que se celebraron en el marco del Programa Integral de Capacitación Sustantiva de la Profepa.

En estos cursos de capacitación se enfatizó sobremanera en la homologación de criterios para la elaboración de las órdenes y actas de inspección, de manera tal que se evalúen y se sancionen de la misma forma las irregularidades que en materia ambiental se produzcan en entidades federativas diferentes.

En los cursos y talleres recibidos, se hizo también hincapié en que los inspectores de la Profepa deben ceñir plenamente su actuación a la ley, respetando los derechos humanos de los inspeccionados, así como del personal que labora en los sitios visitados, con lo que se da certeza jurídica a la ciudadanía y, además, contundencia y eficacia a las acciones de la Profepa favor del medio ambiente.

La primera reunión regional de este programa Integral de Capacitación Sustantiva, se llevó a cabo en Tequesquitengo, Mor., entre el 25 y el 28 de mayo pasado, y la octava y última, entre el 5 y el 8 de este mes, en Cancún, Q. Roo.

Asistió a estos cursos de actualización y capacitación un total de mil 126 servidores públicos de la Profepa. De ellos, 992 están adscritos a alguna de las 32 Delegaciones y los restantes 134, a Oficinas Centrales.

Con este Programa Integral de Capacitación sustantiva, se mejorará el trabajo en todas las unidades administrativas de la Profepa y se confía en que, al perfeccionar los procedimientos que se abren, se cierre cualquier posibilidad de que los infractores prosigan deteriorando los recursos naturales sin ser sancionados por las autoridades competentes.