•Se aseguraron 57 patos y cercetas, cazados ilegalmente

En el marco del Programa Nacional de Inspección y Vigilancia en Materia de Vida Silvestre, el pasado domingo 7 de noviembre, luego de dar inicio la temporada de cacería 2010-2011 de aves acuáticas, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron un operativo en las Ciénegas del Lerma, al término del cual se aseguraron precautoriamente 57 ejemplares de patos y cercetas, cazados ilegalmente.

Como se sabe, para cazar estas aves migratorias -entre ellas, cercetas de alas verdes y alas azules, patos trigueros, golondrinos y cucharones--, entre otros requisitos, se pide que esta actividad se realice dentro de una Unidad de Manejo y Conservación de Vida Silvestre que esté registrada ante la Semarnat, contratar los servicios de cacería dentro de la UMA, contar con licencias de caza y portación de armas de fuego, y adquirir los cintillos de cobro cinegético.

Precisamente porque tres de los 62 cazadores que fueron revisados por los inspectores de la Profepa no contaban con estos sistemas de marcaje, es que se les aseguraron las 57 piezas que habían cobrado de patos y cercetas, especies que, por otro lado, para realizar su aprovechamiento extractivo, se requiere autorización por parte de la Semarnat.

Las Ciénegas del Lerma son los humedales remanentes más extensos del Centro de México, especialmente de los Valles de México y Toluca. Cubren más de 3,000 hectáreas en tres lagunas: Almoloya (596 ha), Lerma (2,081 ha) y Atarasquillo (346 ha), que son los reductos de las 27,000 hectáreas de humedales que había en la zona a finales del siglo XIX. Es uno de los centros de refugio para miles de aves migratorias que anualmente arriban a México desde el Canadá, Estados Unidos y el norte de nuestro país, para pasar el invierno.

Otro de esos sitios se ubica en el Bajío, en lagunas, embalses y bordos de los municipios de Cuerámaro, Pénjamo, Manuel Doblado, León y, sobre todo, en la Presa de Silva, en San Francisco del Rincón, Gto.

La caza ilegal de especies de vida silvestre, de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, se sanciona, entre otras medidas, con la revocación de permisos y autorizaciones, inscripción a padrón de infractores, multas de hasta 50,000 días de salario mínimo y decomiso de ejemplares e instrumentos de caza. Por su parte, el Código Penal Federal considera delito cuando ilícitamente se daña o da muerte a un ejemplar de especies silvestres incluidas en alguna categoría de riesgo.