Clausurados tres predios en Nuevo León por cambiar uso de suelo sin tener Autorización Federal

•Uno de ellos, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey

Por realizar obras sin contar con las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental, que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León clausuró tres predios, uno de ellos ubicado en el interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Mediante Acuerdo de Emplazamiento previamente notificado, en este último caso se procedió a la clausura total temporal de los trabajos que se estaban realizando en el predio ubicado en la comunidad de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, NL, zona que se encuentra dentro del Área Natural Protegida conocida como Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y cuya afectación alcanzó los 18 mil 324 metros cuadrados.

Se dañó vegetación de matorral espinoso tamaulipeco. No hubo detenidos ni se aseguró maquinaria. La principal irregularidad es que se realizaron los trabajos sin la autorización federal correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental.

Los otros dos predios clausurados también total y temporalmente, fueron por las mismas razones. El primero se ubica en el Lote 3 de la Manzana 10, en el fraccionamiento Hacienda Santa Lucía, en Monterrey, NL. En este caso, la superficie afectada fue de 2 mil 89 metros cuadrados, dañando principalmente matorral espinoso tamaulipeco, para construir una finca campestre.

El otro caso se registró en Juárez, NL, en un predio colindante con el arroyo Los Álamos, también dedicada a una casa de campo, para lo cual se afectó una superficie de 100 mil metros cuadrados, con la remoción de la vegetación también de matorral espinoso tamaulipeco.

Los infractores tendrán que sujetarse ahora a los procedimientos jurídicos administrativos correspondientes que conllevan multas económicas y, eventualmente, denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.