Detectó la Profepa más de 52 toneladas de decodificadores usados, que se pretendía importar como nuevos

•Por ser ya residuos peligrosos, su importación requiere autorización de la SEMARNAT

Inspectores de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Tamaulipas, adscritos a la inspectoría en el puerto de Altamira, detectaron cuatro contenedores con poco más de 52 toneladas de decodificadores usados de señal satelital para televisores que, a través de esa aduana, se pretendían importar a México declarándolos como nuevos, con lo que se evitaba presentar el correspondiente permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El cargamento, procedente de la República Dominicana, llegó en días pasados, por la vía marítima, al citado puerto tamaulipeco y consiste en cuatro contenedores, de los cuales ya se ha abierto uno y en él se localizaron mil 457 decodificadores inservibles (con un peso de 15 mil 880 kilogramos), de los cuales el agente aduanal presentó sólo el pedimento de importación hecho bajo una fracción arancelaria que únicamente requiere la autorización de la Secretaría de Economía, mas no la de la SEMARNAT.

Se presume que los otros tres contenedores que no han sido abiertos aún por los inspectores de la Delegación de la PROFEPA en Tamaulipas, al mando del Delegado Roberto Karlo Villanueva Contreras, también traen decodificadores usados y, por tanto, se consideran residuos electrónicos sujetos a regulación de la SEMARNAT y a inspección de la Procuraduría.

Por lo anterior y conforme a lo establecido por el Acuerdo de Clasificación y Codificación de Mercancías cuya importación y exportación está regulada por la SEMARNAT, si se insiste en que esos decodificadores usados sean introducidos a nuestro país, su importador los tendrá que reclasificar y declararlos bajo la fracción arancelaria correcta, es decir, como residuos peligrosos, y presentar la autorización de importación correspondiente expedida por la SEMARNAT.

De lo contrario, la PROFEPA ordenará su retorno al país de origen, con fundamento en la normatividad ambiental del país y en Convenios Internacionales de los que México forma parte, como es el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

La empresa importadora tiene su domicilio en San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, en tanto que la exportadora se ubica en Pasadena, Texas.